La reciente explosión en una mina asturiana ha reactivado una pregunta esencial: ¿cuál es el coste real de la energía que utilizamos cada día? Más allá de los aspectos financieros y ecológicos, hay un impacto humano profundo que pasa casi inadvertido. En pleno siglo XXI, seguimos obteniendo carbón en condiciones laborales peligrosas y, en muchos casos, cuestionables. Esto nos lleva a cuestionar el rol de las autoridades públicas, las compañías energéticas y nosotros como consumidores.

Trabajo minero: negligencia y falta de control institucional

El incidente en la mina de Cerredo (Asturias), en el que fallecieron dos trabajadores tras una explosión de grisú, ha puesto sobre la mesa las fallos sistemáticos en materia de seguridad. La tragedia pudo haberse evitado si se hubieran respetado con rigor los protocolos establecidos. No es un caso aislado: forma parte de un patrón histórico de accidentes laborales en la minería, a pesar de los avances técnicos que prometen mayor protección.

Uno de los elementos más alarmantes es la pasividad institucional. Más allá de las condolencias formales y la apertura de una investigación, no se han propuesto cambios profundos en la regulación del sector. En algunas regiones españolas, el beneficio económico a corto plazo sigue primando sobre la seguridad y los derechos fundamentales de los trabajadores.

Por otro lado, existe un discurso en medios y empresas que presenta el carbón como una opción modernizada y segura. Pero se oculta que continúa siendo una de las fuentes más nocivas, tanto por su aumento de la huella de carbono como por el riesgo inmediato para quienes lo extraen.

Una fuente contaminante que sigue en el sistema eléctrico

Pese a los compromisos públicos con la transición energética, el carbón todavía forma parte del sistema eléctrico nacional. En situaciones de alta demanda o crisis energética, esta fuente se sigue utilizando para generar electricidad. Esto refleja una contradicción profunda: mientras se apuesta por lo sostenible, se mantienen activos sectores que deberían ser parte del pasado.

Peor aún, algunas comercializadoras del sector eléctrico contribuyen a perpetuar este modelo porque:

  • Adquieren electricidad generada con carbón cuando el precio es más bajo.
  • No valoran el origen ni las consecuencias ambientales y sociales de esa decisión.
  • Favorecen un sistema basado en la rentabilidad, sin considerar el impacto colectivo.

El caso asturiano también pone de manifiesto la ausencia de inspecciones exhaustivas y continuas. Esta falta de vigilancia no solo pone en peligro a quienes trabajan en las minas, sino que además transmite un mensaje preocupante: que el carbón todavía tiene espacio, a pesar de sus consecuencias.

¿Cuántas tragedias más se necesitan para abandonar el carbón?

La explosión en Cerredo debería servir como un punto de inflexión para evaluar con seriedad el papel que juega el carbón en España. Pero esto requiere de una combinación de voluntad política real y presión social sostenida, dos elementos que, de momento, brillan por su ausencia. Mientras tanto, el patrón se repite: los perjuicios recaen sobre la clase trabajadora, mientras las compañías siguen beneficiándose de un modelo energético obsoleto y peligroso.

Hoy más que nunca cabe preguntarse: ¿tiene sentido seguir extrayendo carbón cuando ya existen alternativas permiten un consumo energético más seguro y sostenible? En medio de una crisis climática global, insistir en esta fuente energética no solo es ilógico, sino directamente irresponsable.

No basta con impulsar tecnologías como la solar, la eólica o el hidrógeno verde. Es imprescindible cerrar definitivamente el ciclo del carbón, un sector que atenta contra la salud, el entorno y la dignidad de las personas. Lo ocurrido en Asturias no puede convertirse en otro episodio olvidado.

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