8 de cada 10 personas vulnerables no recibe el Bono social

[intro]En la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética las organizaciones involucradas denuncian que los datos no mejoran y reclaman un nuevo modelo energético[/intro] Ocho de cada diez personas que cumplen los requisitos para recibir el bono social eléctrico no lo reciben, a pesar de su importancia para reducir la pobreza energética, tal y como se publica en un estudio de EsadeEcPol y Oxfam Intermón. En 2022, la tasa de cobertura fue del 24,5%, con variaciones significativas según el tipo de hogar. Mientras que el 45,5% de las familias numerosas accedió al bono, solo el 20% de los hogares con renta baja y el 9,2% de los jubilados con pensión mínima lograron beneficiarse. Es decir, un tercio de las familias que se beneficiaron no fueron familias vulnerables. La dificultad para acceder al bono social contribuye a que muchos hogares enfrenten problemas para pagar sus facturas o mantener una temperatura adecuada. Entre 2020 y 2022, el número de familias que redujeron su consumo por falta de recursos se duplicó. Factores como el nivel de ingresos, el desempleo, el tipo de familia y el lugar de nacimiento influyen en el acceso al bono, con menores tasas de cobertura para hogares monoparentales y personas nacidas en el extranjero. Ser familia numerosa aumenta en un 27% la probabilidad de recibir el bono, mientras que tener bajos ingresos solo la incrementa en un 4%. Por el contrario, la presencia de un miembro nacido en el extranjero reduce las posibilidades en un 12%. Estas desigualdades reflejan las barreras de acceso al beneficio, dejando desprotegidos a muchos de los hogares más vulnerables, lo que agrava la brecha energética y afecta especialmente a quienes viven en alquiler o tienen menos estabilidad económica.

Propuesta para reformar el Bono Social

Para aumentar la eficiencia del bono social, explica Oxfam Intermón, es fundamental eliminar barreras de acceso. Actualmente, los hogares deben solicitarlo activamente, lo que limita su alcance. Se propone que las Administraciones, en coordinación con comercializadoras, identifiquen automáticamente a los beneficiarios utilizando datos de Hacienda y Seguridad Social. Un modelo similar ya existe con el Ingreso Mínimo Vital, por lo que alinearlo con el bono permitiría agilizar su concesión y garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan. También se sugiere redefinir los criterios de acceso, estableciendo un límite de renta para familias numerosas, de manera que solo los hogares con ingresos elevados queden excluidos. A largo plazo, sería conveniente aplicar políticas fiscales más efectivas, como impuestos negativos sobre la renta, que reduzcan la pobreza de forma integral. Estas medidas disminuirían la burocracia y harían más accesibles las ayudas a los hogares vulnerables, mejorando su impacto real. Además de ayudas económicas, es necesario fomentar la eficiencia energética en los hogares de menor renta. Actualmente, el acceso a información y equipamiento para mejorar el consumo de energía no es equitativo. Se propone que las Administraciones implementen estrategias activas para identificar y apoyar a hogares que podrían beneficiarse de rehabilitación, aislamiento o energías renovables. Focalizar los recursos en quienes más lo necesitan no solo ayudaría a combatir la pobreza energética, sino que también contribuiría a los objetivos de descarbonización.

Semana de la pobreza energética

Durante la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética, más de treinta organizaciones han denunciado la falta de avances en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Según Ecodes, solo un 21% de las medidas previstas se han implementado completamente. Las organizaciones recuerdan que garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales, como la energía, es una responsabilidad de las administraciones públicas y una cuestión de justicia social y salud pública. El contexto actual agrava el problema, ya que el 26,5% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, según el INE. Además, el aumento de la factura eléctrica por la recuperación de impuestos reducidos durante la pandemia, junto con la volatilidad del mercado energético, incrementa la presión sobre los hogares más vulnerables. Estos factores hacen urgente la implementación de medidas efectivas para evitar que más familias caigan en la pobreza energética. Las organizaciones proponen mejorar el mecanismo del bono social para que llegue automáticamente a quienes lo necesitan, siguiendo el modelo de Portugal. Actualmente, 8 de cada 10 posibles beneficiarios no lo reciben. También piden prohibir los cortes de suministro por impago a hogares vulnerables, aplicando el "principio de precaución" de la ley catalana 24/2015. Estas medidas son esenciales para garantizar una protección real y efectiva contra la exclusión energética.

Soluciones para un nuevo modelo energético

Las organizaciones sociales y ecologistas destacan la necesidad de adoptar soluciones estructurales más allá de medidas paliativas. Proponen priorizar la inversión en eficiencia energética para los hogares vulnerables, vincular asesorías energéticas a las ayudas públicas y aumentar la producción de energías renovables. De este modo, se garantizaría un suministro accesible para quienes más lo necesitan, evitando su dependencia de combustibles fósiles costosos y contaminantes, como el gas natural, el butano o el gasóleo. También hacen un llamamiento a todas las administraciones, desde el ámbito nacional hasta el municipal, para transformar el sistema energético con un enfoque más justo y sostenible. Enfrentar la crisis climática requiere situar en el centro a las personas más afectadas por el sistema actual y cambiar a un nuevo modelo energético. Para ello, es fundamental reducir el consumo innecesario, mejorar la eficiencia energética y apostar por fuentes renovables que minimicen el impacto ambiental y los costes energéticos. Tal y como se explica desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), el ahorro energético debe ser la primera estrategia, eliminando el despilfarro y priorizando la eficiencia en la edificación, la movilidad y el transporte. Paralelamente, la transición hacia energías renovables debe planificarse para maximizar su rentabilidad y sustituir progresivamente a las fuentes contaminantes. Este cambio no solo beneficiará al medioambiente, sino que permitirá reducir la dependencia de recursos externos y generar un sistema energético más estable y accesible para todos. Por último, se propone un modelo basado en la soberanía energética, fomentando el autoconsumo y la producción descentralizada. La instalación de paneles solares, calderas de biomasa y otras tecnologías debe impulsarse para que los ciudadanos recuperen control sobre su consumo energético. Además, la democratización del sistema permitirá que las comunidades locales decidan sobre su propio modelo, asegurando una mayor autonomía y reduciendo la vulnerabilidad ante la volatilidad de los mercados energéticos globales.