¿Qué cambios trae 2025 en la factura de la luz?

[intro]El Gobierno ha aumentado el IVA de la luz del 10% al 21% de forma definitiva, se reduce los descuentos del Bono Social y se mantiene la prohibición de cortar el suministro de electricidad a consumidores vulnerables hasta final de año.[/intro] Desde el 1 de enero, el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el consumo de electricidad volverá de forma definitiva al 21%. Tras las reducciones temporales de este impuesto aplicadas durante la crisis, a lo largo del año 2024 se había mantenido una estructura variable, con un tipo estándar del 21% o un tipo reducido del 10%, que se activaba cuando el coste del mercado eléctrico superaba los 45 euros por megavatio hora (MWh) en el mes previo. La organización FACUA-Consumidores en Acción ha calificado como "injusta" la decisión de restablecer el 21% de IVA en la factura eléctrica desde el 1 de enero. Ha instado al Gobierno a implementar de manera permanente un tipo reducido para este servicio esencial. En un comunicado de su web, la asociación expresó su descontento con la aplicación del máximo impuesto a un suministro tan necesario como la electricidad y subrayó la urgencia de consolidar un IVA más bajo.

Facua propone una alternativa a la subida

FACUA propuso que la reducción en los ingresos fiscales por la disminución del IVA podría compensarse mediante un aumento de los impuestos directos a las grandes empresas y a quienes perciben mayores ingresos. De este modo, se podrían mantener financiados servicios fundamentales como la sanidad y la educación públicas. La asociación también reiteró su llamamiento al Gobierno para que presione a la Unión Europea con el fin de llevar a cabo una reforma profunda del mercado eléctrico. En su opinión, esto debería incluir la exclusión de la energía hidráulica y nuclear del sistema de subastas marginalistas, ya que estos métodos, según afirman, generan aumentos injustificados en los precios de la energía. Asimismo, FACUA destacó la necesidad de crear una compañía pública de energía y recuperar las concesiones de las centrales hidroeléctricas cuyo plazo haya expirado. Estas instalaciones, integradas en una entidad estatal, podrían garantizar tarifas más justas y contribuir a aliviar el coste de la electricidad para los consumidores. Finalmente, la organización hizo hincapié en la importancia de reforzar el control sobre el fraude en el sector energético y de reformar el sistema de acceso al bono social eléctrico para que pueda beneficiar a un mayor número de familias que enfrentan dificultades económicas.

Reducción del Bono Social

A partir del 1 de enero, se han reducido los descuentos asociados al bono social eléctrico, que habían sido ampliados temporalmente para mitigar los efectos de la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania. Esta medida afectará a los 1,8 millones de beneficiarios del bono social, que incluye tanto a familias numerosas como a hogares con bajos ingresos. A partir de ahora, el descuento para los consumidores vulnerables disminuye del 57,5% al 50%, mientras que para los vulnerables severos pasa del 72,5% al 65%. Además, se espera una nueva reducción el 1 de julio: el descuento para los consumidores vulnerables bajará al 35%, y para los vulnerables severos, al 50%. Es importante destacar que la renovación del bono social no requiere ninguna gestión adicional por parte de los usuarios, ya que el proceso se realiza automáticamente para todos los grupos que tienen derecho a este beneficio.

Prohibición de cortes de luz durante 2025

El Gobierno ha optado por prorrogar durante un año adicional la prohibición de cortar los suministros esenciales de agua, electricidad y gas a los consumidores vulnerables, una medida que se introdujo originalmente en 2021 como respuesta a la creciente preocupación por la protección de los derechos básicos de las personas más desfavorecidas. Esta decisión extiende la vigencia de la medida hasta el 31 de diciembre de 2025, garantizando así que quienes se encuentren en situaciones económicas difíciles puedan seguir accediendo a estos servicios fundamentales.

Cambio en el precio de la bombona de butano

El coste de la bombona de butano, que en noviembre experimentó un incremento del 4,27%, situándose en 16,61 euros, será revisado nuevamente el segundo martes de enero, siguiendo el calendario habitual de actualizaciones bimestrales. Este ajuste, que tiene en cuenta la evolución de los mercados internacionales y factores como el precio de las materias primas y los costes de transporte, podría reflejar tanto subidas como bajadas, dependiendo del contexto económico y energético global.

Aumenta el precio de la TUR

La tarifa regulada del gas natural, conocida como TUR (Tarifa de Último Recurso), destinada a los consumidores particulares, experimentará un incremento del 10%, según lo publicado en el BOE este lunes. A pesar de esta subida, la tarifa sigue siendo un 22% más económica en comparación con los precios registrados hace un año, lo que refleja una cierta estabilización en el mercado energético tras los picos de precios provocados por la crisis energética global. En el caso de las comunidades de vecinos acogidas a la TUR vecinal, el aumento será más significativo, situándose entre el 13,5% y el 18,3%, dependiendo del volumen de consumo y las características específicas de cada contrato. Este ajuste responde a factores como el encarecimiento del gas en los mercados internacionales y la necesidad de garantizar el suministro en un contexto de alta demanda invernal.

Fin progresivo de las ayudas anticrisis

Las medidas de apoyo económico, muchas de las cuales se implementaron en respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania y al impacto previo de la pandemia de Covid-19, están siendo progresivamente eliminadas por el actual gobierno de coalición liderado por el PSOE y Sumar. Este proceso de desmantelamiento tiene lugar en un escenario en el que los indicadores macroeconómicos reflejan cierta mejora, pero donde el elevado coste de la vivienda, junto con el incremento en los precios de los alimentos y la energía, continúa debilitando el poder adquisitivo de la ciudadanía. En este contexto, también se enmarca el retorno al IVA general del 21%, una medida que coincide con la desaparición del impuesto extraordinario que gravaba a las grandes empresas energéticas. Este impuesto, que fue aprobado durante la legislatura anterior a instancias de Unidas Podemos, no ha contado con el respaldo necesario por parte del PSOE para ser renovado, lo que ha suscitado críticas en diversos sectores.